Aunque la inmigración está contribuyendo a moderar el incremento en la proporción de personas mayores, entre 1975 y 2025 la proporción de personas de 65 años y más se ha duplicado, pues entonces era de tan solo el 10,2%. La edad media de la población también ha pasado de los 33 años en 1975 a los 44,55 en 2025. Estos datos muestran que el envejecimiento no solo aumenta, sino que se acelera.
Francisco Rodríguez, catedrático de Economía de la Universidad de Granada, explica que el envejecimiento es uno de los mayores desafíos estructurales de la economía española. No se trata únicamente de que vivamos más años, lo cual es una excelente noticia, sino de que la proporción de personas en edad de trabajar disminuye en relación con la población jubilada. Esto altera el equilibrio del sistema de pensiones, fundamentalmente de reparto, en el que las cotizaciones de los trabajadores actuales financian las prestaciones de los pensionistas.
Rodríguez señala que el problema no es necesariamente que haya demasiados pensionistas, sino que puede haber insuficientes cotizantes en relación con las obligaciones de gasto. Además, las nuevas pensiones suelen ser más elevadas que las que salen del sistema, lo que añade presión financiera. El crecimiento del empleo y la inmigración pueden aliviar esta situación, pero difícilmente resolverán por sí solos el desequilibrio a largo plazo.
La clave, según el profesor, es que la cuestión fundamental es económica y no únicamente demográfica: España necesita aumentar su productividad, sus tasas de empleo y sus salarios reales. Una economía que genera más valor por trabajador dispone de mayor capacidad para sostener las pensiones. Si el envejecimiento avanza más deprisa que esa capacidad de generar riqueza, habrá que afrontar decisiones sobre financiación, duración de la vida laboral y evolución del gasto público.
En cuanto al sistema sanitario, Rodríguez considera que una población más envejecida no implica necesariamente un aumento proporcional del gasto sanitario, porque lo determinante no es solo la edad, sino también el estado de salud y los años que se viven con enfermedades crónicas o dependencia. El riesgo es evidente si la demanda aumenta mientras persisten las dificultades para incorporar profesionales sanitarios. El desafío no consiste simplemente en gastar más, sino en gastar de otra manera, apostando por la prevención, la atención domiciliaria, la tecnología y una mejor organización asistencial.