El magistrado, por otro lado, rechaza la acusación por los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores que también se incluían en la querella. Señala que la primera querellante fue contratada a través del medio ordinario de contratación, mediante una oferta pública en una red social, y que en su contrato no medió engaño ni artificio alguno. Se le indicó que el trabajo era con dormida y fue aceptado por la querellante libremente.
El juez añade que el salario que se le ofreció a la primera de las querellantes era el doble en su importe al salario mínimo establecido en el año 2021 en República Dominicana para los trabajadores de grandes empresas, e incluso se puede afirmar que triplica el estimado para el servicio doméstico. A esto suma que tampoco se le retiró el pasaporte ni se le restringieron las comunicaciones y que pudo abandonar el trabajo cuando lo consideró.
El juez subraya que las condiciones laborales a las que se dicen ser sometidas tienen su encaje en un delito contra los derechos de los trabajadores y no contra un delito de trata, si bien se trata de un tipo de penal que no se puede investigar en España porque no existe como tal en Bahamas y República Dominicana, los lugares donde supuestamente ocurrieron los hechos. La legislación española permite que los tribunales españoles persigan delitos cometidos en el extranjero por españoles si se dan tres requisitos: que haya denuncia en España de la víctima o la Fiscalía, que el caso aún no haya sido juzgado y que la conducta sea también delito allí donde se produjeron los hechos.
El juez también pone el foco sobre el hecho de que la querella no se dirija contra dos encargadas de las casas del cantante en República Dominicana y Bahamas, a pesar de identificarlas y señalarlas en el relato de hechos como intervinientes directos en las agresiones presuntamente sufridas. Una de estas mujeres es colombiana y la otra brasileña. El magistrado asume que se trata de una estrategia para lograr que la querella se pudiera investigar en España al haber un único querellado, Julio Iglesias, y tener nacionalidad española.
No obstante, el juez Piña matiza que el hecho de que las querellantes dirigieran su denuncia en la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra Iglesias y las dos gobernantes, y que luego en la querella sacaran de la ecuación a esas dos trabajadoras, no se puede considerar un fraude procesal porque entra dentro del derecho de las dos víctimas de elegir contra qué personas se dirigen. Y recuerda, sobre el sobreseimiento de la primera denuncia por falta de competencia, que el archivo fiscal no equivale a un sobreseimiento judicial ni produce por sí mismo cosa juzgada.