Según su relato, los responsables de mantenimiento habían planteado sustituir los circuitos de vía eléctricos por contadores de ejes, otro sistema de detección de trenes. La actuación habría supuesto, según la estimación que le trasladaron, «apenas unos miles de euros». La respuesta fue que ya se estaba invirtiendo demasiado dinero en alta velocidad y no quedaba presupuesto. No se trata de una situación aislada: otro trabajador de otra ciudad denuncia robos de cable reiterados, caídas de tensión, problemas de enclavamiento, aparatos de vía deteriorados y limitaciones temporales de velocidad que permanecen durante años.
Este controlador habla de más de 40 robos de cable en un mismo ámbito operativo en lo que va de 2026, algunos repetidos en los mismos trayectos varios días seguidos. Cada uno de esos fallos puede obligar a trabajar en condiciones degradadas. Los bloqueos telefónicos por anormalidad y otros procedimientos alternativos, concebidos para resolver incidencias, terminan incorporándose a la actividad cotidiana. «Se normalizan pese al peligro que suponen», dice. Y todo ello con menos trabajadores de los necesarios: en algunas dependencias, de cinco mesas de regulación previstas, solo se cubren tres o cuatro, y un solo regulador asume funciones que corresponderían a dos.
El 23 de enero, cinco días después del accidente de Adamuz, el Comité General de Empresa comunicó por escrito al entonces presidente de Adif su preocupación por la sobrecarga de trabajo en los centros de control. Reclamó más personal, medios técnicos y formación. El Sindicato de Circulación Ferroviario llegó a denunciar que un único controlador había tenido que transmitir hasta 104 telefonemas en un turno. Las averías que se acumulan en la red tienen, según otra fuente interna, un problema organizativo añadido: la dispersión de responsabilidades entre los departamentos encargados de proyectar, construir, mantener y explotar la infraestructura.