Desde 2016 también ha involucionado la consideración que tienen los ciudadanos de sus servidores públicos, según los indicadores de calidad democrática. Esta percepción es coherente con una dinámica populista que expulsa de las élites de los partidos a los dirigentes con mayor capacidad y los reemplaza por agitadores, cuando no corruptos. Como el incentivo no es la gestión excelente, sino retener el poder, la gangrena se extiende de los cargos de confianza a los puestos técnicos y los servicios públicos empiezan a quebrar.
Un caso extremo es el del actual ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha llevado al paroxismo la demonización, no sólo al adversario político, sino de cualquier parroquiano discrepante al que intimida desde el poder para regocijo de la turba. En cualquier otra etapa de la democracia, Puente hubiese sido catalogado como una aberración del sistema. Hoy se le considera un puntal y un activo. Sánchez ha metido al país en un doble laboratorio —político y social— en el que todo tiene que encajar a martillazos en su dialéctica frentista.
Como paso previo, ha suprimido los foros tradicionales de debate y control —la presentación de Presupuestos o el debate sobre el Estado de la Nación— y los ha sustituido por el infoentretenimiento sectario de la TVE de José Pablo López y sus mariachis. La conversación pública se dicta desde la Moncloa y se cacarea hasta la náusea por la granja de papagayos a sueldo. La división binaria no admite tibios y el reclutamiento de socios y satélites se produce a toque de silbato.
Los sindicatos están a punto de articular una huelga general contra quien no gobierna, mientras los trabajadores fallecen en los trenes. Entre cómico y trágico resulta que Frente Amplio pida cuentas a Puente, que es quien ha colocado a todos los enchufados de Más Madrid en Renfe. La España del «no es no» ha entrado en descomposición porque los problemas reales de un país que ha disparado su población y no sus servicios rebosan la probeta monclovita. Es el resultado de convertir el Estado en un comité de campaña que, cuando hay una crisis, se encoge de hombros o culpa a un dictador momificado. Más allá de si hubo un fallo sistémico o humano en Urda, apesta a Estado disfuncional el que no es capaz de proteger la vida de sus ciudadanos. Y cuando sus deudos piden responsabilidades, se les acaba hablando de muros.